El 29 de mayo de 2009, Reporteros Sin Fronteras publicó una carta abierta al presidente venezolano Hugo Chávez en la cual la asociación denuncia “una auténtica carga del poder y de la administración” contra Globovisión, un “canal informativo privado”. Según la organización parisina, a Globovisión “se le abrió un procedimiento administrativo que puede llevarle a la suspensión de sus emisiones durante setenta y dos horas” por hacer “su información [del terremoto del 4 de mayo de 2009] refiriéndose a los datos facilitados por el Instituto Geológico de Estados Unidos”.1
Las autoridades venezolanas acusan al canal “de violar el artículo 29 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Ley Resorte), que sanciona a los medios de comunicación que ‘promuevan, hagan apología o inciten a la guerra; promuevan, hagan apología o inciten a alteraciones del orden público’”. RSF (Reporteros Sin Fronteras) pregunta: “¿De qué forma la información sobre un terremoto, por imperfecta que haya podido ser, puede enmarcarse en esa definición de la infracción?2
Presentado de este modo, el asunto puede sorprender a la opinión pública internacional. Pero, al contrario de lo que afirma RSF, la realidad es otra y ha sido cuidadosamente eludida por la entidad francesa de “defensa de la libertad de prensa”....
1.10.09 |

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